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Implementación del enfoque territorial

El Enfoque Territorial, corresponde a un proceso de planificación aplicado a un territorio
socialmente construido, de amplia interrelación y consenso entre actores institucionales (públicos
y privados) y sociales, que se identifican con un espacio geográfico, donde viven y operan, por
tradición cultural, política e histórica, para resolver problemas comunes y solucionarlos de acuerdo
a intereses y prioridades compartidas1.
Cuando se inicia un proceso de trabajo con las comunidades aplicando el Enfoque Territorial se
examinan las distintas situaciones de la población. Por ejemplo, las coberturas de educación o de
agua potable son iguales en todos los municipios de ese territorio, entre zona urbana y rural.
El trabajo comienza desde el diagnóstico de la situación, la formulación y ejecución de los planes
de desarrollo elaborados. El proceso se da participativamente, respetando la autonomía de los
territorios y reconociendo sus diferencias y similitudes, para poder consensuar un proyecto común,
en donde lo local emerge como el principal elemento de convergencia.
El Enfoque Territorial es un instrumento eficaz de desarrollo y mejoramiento del capital social en
comunidades vulnerables. Facilita la articulación de recursos e iniciativas, mejora la gobernabilidad
y aumenta el nivel de autoestima de las poblaciones y de sus líderes.
Es importante porque al aplicar el Enfoque Territorial en los procesos de relación entre las
instituciones (públicos y privados) y la comunidad, se busca generar consenso y resolver los
problemas de manera conjunta. Trabajar una política pública incorporando al Enfoque Territorial
ayuda a que la política pueda convertirse en una agenda social común, convirtiéndose en un
instrumento para la promoción de la participación y la transparencia.
Con el Enfoque Territorial se trabaja desde una visión compartida, a partir de una estrategia común
y concertada que permite articular distintas iniciativas en el territorio en respuesta a los problemas
locales. Aplicando este enfoque se visibilizan a los grupos más vulnerados que históricamente
fueron marginados de la esfera pública.

1Carmen Reynaldo Treminio. Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional en Territorios Sociales Gestión territorial
con participación ciudadana. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura – FAO.
Santiago, Chile.
Apoyo al Acuerdo Nacional para la formulación de Políticas de Estado y funcionamiento del
foro de acuerdos de Estado
Han transcurrido más de 13 años desde la suscripción del Acuerdo Nacional, y el paso del tiempo
se refleja en las comparaciones realizadas. Muchos de los conceptos contenidos en las políticas
de Estado revelan en parte la existencia de un sentido común en la sociedad, y han aportado a
consolidar tales conceptos como aspiraciones nacionales. Es natural, por lo tanto, que los
encontremos en la gran mayoría de los planes de gobierno. La columna de desarrollos específicos
es más extensa en relación a la de planteamientos coincidentes, dado que hay mayor riqueza en
el detalle de la implementación de las propuestas. Y, como es lógico, los planteamientos diferentes
a los contenidos de las políticas de Estado son mucho menos frecuentes.

Fortalecimiento de la vigilancia ciudadana e implementación de mecanismos de rendición
de cuentas y Gobierno Abierto.
Actualmente, cada vez más, los ciudadanos y las ciudadanas demandan gobiernos que respondan
a sus preocupaciones y necesidades, de una manera abierta y participativa, lo cual es fundamental
para el diseño de iniciativas que tengan un impacto en la calidad de vida de las personas y en el
proceso de mejora de los servicios que brindan las instituciones públicas. En los últimos años, el
Gobierno Abierto se ha venido posicionando como un nuevo paradigma de mejora de la gestión
pública y de ampliación de las capacidades de acción de la ciudadanía a través del desarrollo de
espacios colaborativos entre el Estado, las organizaciones sociales y la empresa para el diseño,
implementación y evaluación de políticas y servicios públicos.
Desde el lanzamiento de la “Alianza para el Gobierno Abierto” en setiembre de 2011, ya son
sesenta y cuatro (64) países los que forman parte de esta iniciativa multilateral que tiene como
objetivos: i) mejorar los niveles de transparencia y rendición de cuentas de la Administración
Pública mediante la apertura de datos; ii) promover y expandir los mecanismos de participación
ciudadana en los asuntos públicos que les conciernen; y iii) generar la colaboración entre
entidades públicas y sociedad civil para la búsqueda e implementación de soluciones a los
problemas públicos.
A fin de formalizar su incorporación a la “Alianza para el Gobierno Abierto”, el país tuvo que
elaborar un Plan de Acción, el cual fue el resultado de un trabajo coordinado entre las entidades
públicas, importantes organizaciones de la sociedad civil y el sector privado. La sostenibilidad de
este trabajo coordinado, se asienta en la Comisión Multisectorial de naturaleza permanente para
el seguimiento de la implementación del citado Plan.
En ese marco, la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia el Consejo de Ministros, con el
apoyo del Programa Pro Descentralización de USAID ha elaborado, el “Programa de
fortalecimiento de capacidades en materia de Gobierno Abierto dirigido a comités y espacios de
vigilancia ciudadana” que es parte de las acciones destinadas al cumplimiento del Plan de Acción
de Gobierno Abierto del Perú, instrumento que contiene compromisos concretos para mejorar los
niveles de transparencia y acceso a la información pública, promover la participación ciudadana,
y mejorar la integridad pública y el gobierno electrónico2.
Con este Programa de capacitación, se pretende contribuir y favorecer la acción colaborativa de
la sociedad civil con las entidades responsables del Estado para lograr servicios públicos de mayor
calidad y al alcance de las personas.
La vigilancia ciudadana es un derecho y un mecanismo de participación que los ciudadanos y
ciudadanas pueden ejercer para controlar la administración pública con el fin de fortalecerla,
logrando la concertación de propuestas que permitan el desarrollo integral de todas las personas.
Se entiende como control ciudadano el derecho de participar en los procesos de formulación
presupuestal, fiscalización, ejecución y control de la gestión del Estado, a través de diversos
mecanismos establecidos por la normatividad3.
Así, la ciudadanía tiene el derecho de participar en la prestación y control de los servicios públicos,
asegurando su eficiencia y oportunidad. En este sentido, la vigilancia ciudadana trata de tender
puentes entre: ciudadanía - funcionarias y funcionarios públicos. En ese sentido, la vigilancia
ciudadana es propositiva; ya que su finalidad es contribuir a la democratización de la gestión
pública, para que esta sea más participativa, transparente y, por tanto, eficiente4.
La vigilancia ciudadana se enfoca en procesos, políticas y planes de acción ejecutados por el Estado, con
la intención de asegurar los derechos ciudadanos de la comunidad en general o de grupos específicos de
la sociedad. Aquello que se vigila es denominado el objeto de la vigilancia, fundamental para el proceso de
vigilancia ciudadana.

2 Programa de fortalecimiento de capacidades en materia de Gobierno Abierto dirigido a comités y espacios de
vigilancia ciudadana
3 Artículo 9 de la Ley 27658, Ley de Modernización de la Gestión del Estado
4 Art. 55, inc. 6) de la Ley 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General (sobre Derechos de los administrados).